La respuesta es que sí. El proyecto tratado en el Congreso puede generar derivaciones que afecten directa e indirectamente el escenario de las jubilaciones en Argentina.
La ley que redactó el Gobierno tiene como una de sus premisas incentivar la formalización del empleo y así promover la contratación de nuevos trabajadores. Si cumple el marco teórico, lograría ampliar la base de aportantes al sistema previsional.
Hoy el sistema jubilatorio argentino necesita cinco trabajadores activos por cada jubilado. Sin embargo, tiene apenas dos trabajadores activos por cada jubilado. Esto hace insostenible al sistema previsional. El déficit de aportantes es uno de los principales problemas estructurales del sistema.
Si la reforma logra generar más empleo formal, eso implicaría más aportes previsionales y, en consecuencia, un sistema jubilatorio más financiado y con mayor previsibilidad.
Entonces, ¿El impacto podría ser positivo para los jubilados? Podría serlo en la medida en que la reforma alcance los objetivos que plantea. Así los jubilados podrían contar con un sistema más sólido y mejor financiado.
La reforma que aprobó el Congreso también tiene aspectos que siguen generando dudas. El reemplazo del SIPA, administrado por ANSES, por el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que sería administrado por la Comisión Nacional de Valores.
Esto plantea preguntas clave:
1. ¿Quién y bajo qué criterios determinará qué entidad privada administrará el FAL?
2. ¿Existe el riesgo de replicar un esquema similar al de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)?